El Gobierno Nacional disolvió el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC). Por Leandro Visconti
El Gobierno Nacional ha decretado la disolución del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), así como del Registro Nacional de Conciliadores y su correspondiente Fondo de Financiamiento, mediante el Decreto 55/2025. Esta decisión, que ya había generado controversia desde noviembre de 2024, plantea serias incertidumbres respecto al futuro de los reclamos en trámite y representa un duro golpe a la protección de los derechos de los consumidores en el país.
El COPREC, creado en 2014 bajo el ámbito del Ministerio de Economía, había demostrado ser una herramienta eficaz y gratuita para resolver conflictos de consumo. En 2023, el 61% de los casos sometidos a audiencia lograron acuerdos conciliatorios, evitando la judicialización y proporcionando respuestas rápidas a los ciudadanos. Sin embargo, el decreto firmado por el Ejecutivo ha puesto fin a este mecanismo sin proponer alternativas que ofrezcan garantías equivalentes.
El alcance del Decreto 55/2025
El decreto no solo disuelve el COPREC, sino también el Registro Nacional de Conciliadores y el Fondo de Financiamiento que sustentaba su funcionamiento. Según su artículo cuarto, los reclamos administrativos pendientes de resolución serán gestionados por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, que asumirá las facultades necesarias para concluir dichos trámites. No obstante, esta transición ha generado dudas sobre la seguridad jurídica y la continuidad de los procedimientos en curso.
El decreto también deroga varios artículos de la Ley 26.993 y su decreto reglamentario, alegando que la medida busca evitar la duplicación de competencias y reducir la burocracia. Se sostiene que centralizar las funciones en la Secretaría de Industria y Comercio permitirá optimizar los recursos y mejorar la protección de los derechos de los consumidores. Sin embargo, estas justificaciones han sido ampliamente cuestionadas por expertos y asociaciones de consumidores.
Impacto en los consumidores y el sistema de protección
El cierre del COPREC deja a los consumidores en una situación de vulnerabilidad. Antes, podían acceder gratuitamente a un sistema que equilibraba la asimetría entre ellos y las grandes empresas. Ahora, se ven obligados a recurrir a mediadores privados o al sistema judicial, lo que conlleva costos significativos. Esto desincentiva los reclamos por bienes de bajo valor y beneficia a las empresas, que enfrentarán menos presión para resolver conflictos.
Además, la disolución del Registro Nacional de Conciliadores deja a estos profesionales en una situación de incertidumbre. Aunque se les permite continuar con los casos en trámite, carecen del respaldo institucional necesario para garantizar su desempeño. La Secretaría de Industria y Comercio no ha ofrecido detalles claros sobre cómo se gestionarán estos casos, lo que genera una preocupante falta de seguridad jurídica.
En este sentido, el cierre del COPREC representa un retroceso significativo en la defensa de los derechos de los consumidores en Argentina. Este sistema, aunque perfectible, era una herramienta clave para resolver conflictos de manera rápida, gratuita y efectiva. La falta de alternativas adecuadas deja a los consumidores expuestos a procedimientos costosos y engorrosos, favoreciendo a las grandes empresas.